El enojo del alcalde Mayer Mizrachi tras la liberación de varios ‘bien cuidao’ detenidos en operativos municipales no es solo una reacción emocional; es el síntoma de un sistema institucional que tropieza consigo mismo. Mientras la Alcaldía busca frenar una práctica ilegal y desordenada, la ocupación de espacios públicos para exigir pagos indebidos por estacionar, los jueces de paz actúan con total indiferencia, dejando en libertad a los infractores sin aplicar sanciones previstas por el propio municipio.
Este choque evidencia una grave falta de coordinación entre los distintos estamentos encargados de hacer cumplir la ley. ¿De qué sirve aprobar normativas que contemplan multas o trabajos comunitarios si quienes deben hacerlas valer las ignoran?
El debate sube de tono con la intervención del excalde José Isabel Blandón, quien no solo cuestiona el fondo legal de los operativos, sino que acusa a Mizrachi de convertir la gestión en un ‘reality’ para redes sociales. Más allá de las rencillas políticas, lo cierto es que la ciudadanía sigue siendo la gran perjudicada, sigue expuesta a los abusos, cobros ilegales, amenazas y al desgobierno de un espacio público sin reglas claras.
Erradicar por completo a los ‘bien cuidao’ no es imposible, pero requiere voluntad política, respaldo judicial y coherencia institucional. Sin estos elementos, lo que queda es un espectáculo de poder sin resultados reales. Y mientras eso ocurre, el ciudadano sigue pagando, literal y simbólicamente, por la inoperancia de las autoridades.
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