La Ley 72 que crea 11 corregimientos en la provincia de Bocas del Toro va más allá de una división territorial que le costará millones de dólares al Estado.
Se trata de una estrategia política de su gestor, Benicio Robinson, para asegurar su caudal político en las próximas elecciones, según algunos residentes de la provincia que denuncian que no se les consultó.
Esta ley, sancionada por el presidente Laurentino Cortizo, no se ajusta a la realidad de Bocas del Toro, donde existen corregimientos que no reciben los recursos necesarios para su desarrollo y ahora se agregan más corregimientos sin presupuesto.
Según datos oficiales cada junta comunal le cuesta al Gobierno $371 mil por año.
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Le corresponde al Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República brindar asesoramiento a los municipios de Bocas del Toro, Changuinola y Almirante en relación a la organización, funcionamiento y administración de los nuevos corregimientos esto según el artículo 26 de la Ley 72 de 2020.
La práctica de establecer nuevos corregimientos va a continuar, ya que en la Asamblea Nacional hay pendiente de debate otros cuatro proyecto para crear unos 25 corregimientos en distintas partes del país.
El presidente Laurentino Cortizo tiene pendiente de decidir la suerte de un proyecto de ley que crea seis nuevos corregimientos en la comarca Ngäbe Buglé.
