Escándalo. La verdad tras la quema de 37 mil quintales de arroz.Hubo detenciones

Se habla de una posible lesión patrimonial de más de un millón de dólares, luego de darse a conocer que se dejó perder unos 74 contenedores repletos, con 37 mil quintales de arroz.

Las críticas no se han hecho esperar dada la necesidad que existe en muchos sectores del país y que bien pudo ayudar en el sustento en hogares y fundaciones donde no abundan los alimentos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) salió al paso y aclaró que el caso de arroz incinerado procedente de Guyana, no es actual, se dio hace tres años, en el 2015, y desde entonces ya hay una investigación legal en curso e incluso hubo destituciones y detenciones.

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En un comunicado, el IMA aclara que 'el caso forma parte del proceso de auditoría forense que se inició a finales de marzo de 2015..

'... a raíz de las denuncias presentadas contra el exdirector de esa institución Edwin 'Candín' Cárdenas, proceso que aún sigue su curso en el Órgano Judicial'.

Edwin Cárdenas es tildado como el primer funcionario detenido en la gestión de Juan Carlos Varela. Fue detenido preventivamente por el presunto delito contra la administración pública y el Juzgado Tercero Penal le concedió meses después una fianza de excarcelación mientras se llevan a cabo las investigaciones.

La Fiscalía Cuarta Anticorrupción le formuló cargos a Cárdenas tras un auditoría de la Contraloría General que determinó irregularidades durante su administración que supondrían un perjuicio estimado al Estado por $6.5 milllones', trascendió en su momento.

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Supuestamente Cárdenas, quien era director del IMA, compró arroz de más y no se pudo vender, por lo que el arroz se dañó y por razones de salubridad, se procedió a la incineración. Fue destituido y denunciado en su momento.

En su reemplazo, se nombró como director del IMA a Eduardo Carles quien demandó el hecho.

'La incineración del contingente de arroz que se encontró en el puerto de Manzanillo International Terminal, fue un procedimiento administrativo que se realizó de la mano con la Contraloría General de la República y en pro de salvaguardar los mejores intereses del Estado', dice el comunicado del IMA.

Se explicó que el mismo se llevó a cabo a través de una convocatoria de acto público para la selección del contratista que se encargaría del proceso de incineración.

'De igual manera se contó con la autorización de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), para la destrucción del producto, todo eso velando primero por la salud del pueblo panameño', dice el documento.

Reiteran que todo el proceso respecto al tema del arroz estuvo siempre fiscalizado por la Contraloría General de la República y el tema se mantiene en las respectivas instancias legales.

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REDACCIÓN MI DIARIO / WEB