Corte Suprema responsabiliza al Estado por la tragedia en Tocumen y ordena indemnización por muertes en Centro de Cumplimiento de Menores

La Sala Tercera de lo Contencioso, Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo histórico que responsabiliza al Estado panameño por la muerte de menores en el Centro de Cumplimiento de Tocumen en 2011. En respuesta a las demandas interpuestas contra la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno, la Corte condenó al Estado a pagar $75,000 a cada una de las madres de las víctimas.

El fallo, firmado por el magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes y respaldado por los magistrados Cecilio Cedalise y María Cristina Chen, llega después de un análisis profundo de las circunstancias que rodearon la tragedia del 9 de enero de 2011, cuando cinco adolescentes —José Frías, Abdiel Hernández, Jhamar Castillo, José Luis Mejía y Rubén Herrera— murieron tras un incendio provocado por latas de gas lacrimógeno lanzadas dentro de una celda en medio de una protesta de los internos.

Las víctimas, que se encontraban bajo la custodia del Estado en el Centro de Cumplimiento de Menores en Tocumen, fallecieron a causa del fuego y la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades. Este suceso no solo conmocionó a la nación, sino que reveló graves fallos en la protección de los derechos humanos de los adolescentes recluidos.

El fallo de la Sala Tercera señala que la muerte de los jóvenes representa una grave violación de los derechos humanos, según lo estipulado en la Convención Americana de Derechos Humanos, y subraya que la reparación no solo debe ser monetaria. Entre las medidas ordenadas, la Policía Nacional deberá ofrecer disculpas públicas a los familiares de José Frías, Abdiel Hernández, Jhamar Castillo, José Luis Mejía y Rubén Herrera, y a la comunidad, reconociendo su responsabilidad en la tragedia.

Además, se ha instruido a la Policía Nacional para que implemente programas y actividades orientados a garantizar que no se repita un suceso similar. Estas medidas incluyen la formación en derechos humanos, con especial énfasis en la protección de los menores.

El fallo llega en un contexto de lucha por la justicia que ha durado más de una década. Durante ese tiempo, las familias de las víctimas han exigido la rendición de cuentas y la reparación por parte del Estado. A raíz de este suceso, en 2013, siete policías y un custodio fueron condenados por homicidio culposo, lo que dio inicio a una serie de debates sobre la responsabilidad del Estado en el bienestar de los adolescentes privados de libertad.

Este nuevo fallo, al poner en el centro los derechos humanos y la responsabilidad estatal, envía un mensaje contundente sobre la necesidad de reformar las políticas y prácticas dentro del sistema penitenciario de Panamá. Las familias de José Frías, Abdiel Hernández, Jhamar Castillo, José Luis Mejía y Rubén Herrera consideran que, aunque el fallo representa un avance, el dolor y las pérdidas sufridas nunca podrán ser completamente reparados.

Con esta decisión, se cierra un capítulo de búsqueda de justicia, pero se abre otro sobre la implementación de medidas efectivas para evitar futuras tragedias en el sistema penitenciario juvenil del país.