Un país con instituciones débiles, partidos clientelistas, campañas electorales cada vez más costosas y grandes desigualdades, es el caldo perfecto para que las organizaciones dedicadas al narcotráfico penetren el gobierno para enquistar su operación.
Esta actividad ha sido característica de países como Colombia y México, donde hemos visto acciones inverosímiles como el asalto a su Corte Suprema de Justicia y la desaparición de más de 40 jóvenes, sin que a la fecha se haya podido determinar lo que ocurrió con exactitud y llevar a los responsables a enfrentar la justicia.
Esto no sucedió de un día para otro, es el resultado de pequeños actos como el apoyo, por parte de los narcotraficantes, a un candidato o a una actividad que no tuvieron consecuencias y fue creciendo hasta penetrar las instituciones de seguridad, de fiscalización y de justicia.
En Panamá no han sido pocos los escándalos que han involucrado a políticos en actividades relacionadas al narcotráfico. El actual presidente de la República, Juan Carlos Varela, en sus discursos ha denunciado la penetración del narcotráfico en la Asamblea y hemos visto varios miembros de la Policía Nacional implicados en grandes investigaciones contra el narcotráfico; en la mayoría de los casos no se ha podido determinar la culpabilidad o inocencia de los implicados, porque no han llegado a juicio, lo cual ha dejado el sinsabor de la impunidad.
No podemos banalizar ningún acto de narcotráfico y lavado de dinero, y ningún partido político puede interponerse en una investigación, mucho menos amenazar vedadamente a la procuradora o a los fiscales. El apoyo a sus copartidarios tiene que estar enmarcado en su asistencia judicial y el acompañamiento personal, respetando la investigación y a los investigadores.
Los ciudadanos estaremos vigilantes de que se investigue hasta las últimas consecuencias y que se lleve a todos los implicados a enfrentar la justicia. #CaigaQuienCaiga.
Por: Annette Planells | Columna Invitada