Un juez estadounidense hará saber este jueves si autoriza o desestima la petición de extradición del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, requerido en su país por los presuntos delitos de peculado y escuchas ilegales.
El magistrado de Miami Edwin Torres dará a conocer su fallo sobre la solicitud de extradición de Martinelli (2009-2014) presentada por la Fiscalía de Estados Unidos en nombre del Gobierno de Panamá.
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La Fiscalía señala a Martinelli como el 'jefe' directo de las escuchas ilegales realizadas entre 2012 y 2014 a 150 personas, entre opositores, periodista y empresarios.
Sin embargo, para la defensa, son 'pura ficción' los cargos en contra de Martinelli, de 65 años y arrestado el pasado 12 de junio en el sur de Florida, donde reside desde el año 2015.
El expresidente ha permanecido detenido todo este tiempo en una prisión federal del centro de Miami, aledaña a las cortes federales, tras rechazar el magistrado una petición de la defensa de traslado a otro cárcel.
La decisión final del juez Torres estaba pendiente, entre otros puntos, de una traducción de documentos por parte de la defensa, que se ha centrado en invalidar con argumentos legales la solicitud panameña.
El equipo de abogados de Martinelli y la Fiscalía han empleado gran parte de las audiencias en si se utilizó dinero público para la compra de alguno de los equipos de vigilancia, para definir si cometió 'peculado' (malversación de caudales públicos).
En cuanto a las supuestas escuchas ilegales, disintieron en el lenguaje utilizado en el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Panamá, suscrito en 1904, especialmente en la cláusula que expone la 'retroactividad'.
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Pese a que el delito de 'interceptación ilegal de comunicaciones' no está incluido en el tratado, sí forma parte de la 'Convención de Budapest', suscrita en 2004 y que fue actualizada en 2014 para agregar los crímenes cibernéticos, cuando las escuchas ya se habían producido, considera la defensa.
Martinelli llegó en 2015 a Miami tras haber residido en paradero desconocido durante varios meses después de abandonar Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que el Supremo panameño abrió la primera de las causas penales en su contra.
El expresidente tiene planteada desde ese año una solicitud de asilo, aún no respondida, en la que alega que es un perseguido político de quien fue su vicepresidente y antiguo aliado electoral, Juan Carlos Varela, hoy presidente de Panamá, quien niega esa acusación.
EFE
