En el año 2025, una adolescente de 14 años habría sido víctima de abuso sexual presuntamente cometido por un profesor mientras recibía clases de música. El docente, además, desarrolla funciones como instructor de música y ha continuado teniendo contacto con niños, niñas y adolescentes.
Durante una gira de trabajo que comprendía las provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro, mientras me encontraba en la ciudad de Panamá, una madre me localizó desesperada para contarme la historia de su hija.
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Su angustia no era únicamente por lo que había vivido la adolescente. También le resultaba doloroso e incomprensible verla enfrentarse a la realidad de que el profesor señalado continuaba impartiendo clases en una escuela privada, mientras existía una investigación en curso.
La pregunta de aquella madre era sencilla, pero profundamente preocupante:
¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos si una persona investigada por un presunto delito sexual continúa teniendo contacto con niños?
Ante su petición, me trasladé hasta la provincia de Bocas del Toro, donde pude reunirme personalmente con la madre y con la adolescente.
Y allí comprendí nuevamente algo que como sociedad debemos aprender: debemos escuchar a los niños.
El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes a expresar su opinión en los asuntos que les afectan y a que esta sea debidamente considerada.
Escuchar a una niña no significa sustituir a los fiscales, jueces o investigadores. Tampoco significa condenar anticipadamente a una persona. Significa reconocer que esa niña tiene voz, dignidad y derechos.
En este caso, además, debo reconocer públicamente el apoyo que la adolescente recibió dentro de su propia familia y de algunas de sus maestras. Ese acompañamiento es fundamental. Una víctima necesita saber que los adultos le creen, la protegen, la escuchan y no la dejan sola.
Esta adolescente decidió hablar y pedir justicia.
Pero su petición no fue únicamente por ella.
También pidió que otras niñas y niños no tengan que vivir lo que ella vivió.
¿Qué ocurre cuando una persona investigada sigue teniendo acceso a menores?
Cuando una persona es investigada por un presunto delito sexual contra una menor y, además, desempeña funciones como profesor o instructor de música, las autoridades competentes deben analizar cuidadosamente las medidas necesarias para evitar que continúe teniendo contacto con niños, niñas y adolescentes mientras se desarrolla la investigación.
Esto debe hacerse respetando plenamente el debido proceso y la presunción de inocencia.
Pero proteger a los niños no significa condenar anticipadamente a un imputado.
Significa aplicar medidas preventivas razonables cuando existe un riesgo que debe ser evaluado por las autoridades.
Después de realizar un video público exponiendo la preocupación por la situación de esta adolescente, comenzaron a contactarme distintas personas, incluyendo docentes, quienes me manifestaron que en algunas escuelas existirían personas investigadas o imputadas por delitos sexuales que, al no poder continuar trabajando dentro del sistema educativo estatal, terminarían buscando oportunidades laborales en centros educativos privados.
Esta información no debe asumirse automáticamente como un hecho generalizado. Debe ser investigada y verificada por las autoridades.
Pero si efectivamente existen casos de personas sometidas a procesos por delitos sexuales que posteriormente obtienen acceso laboral a otros centros educativos donde tienen contacto con menores, estamos frente a una posible brecha de protección que el Estado debe revisar urgentemente.
La protección de la niñez no puede depender de si la escuela es pública o privada.
Un niño es un niño en cualquier aula.
La defensa de la niñez también tiene riesgos
Como activista y defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, mi responsabilidad es acompañar, escuchar y alertar cuando una familia siente que no está siendo escuchada.
A raíz de mi intervención en este caso he recibido amenazas, situación que generó preocupación por mi seguridad y me obligó a salir de Changuinola, trasladándome a la ciudad de Panamá durante la madrugada.
También he recibido información sobre posibles vínculos familiares del imputado con una autoridad tradicional de la región. Esa información debe ser verificada por las autoridades competentes y no debe presentarse como un hecho probado.
Precisamente por eso considero fundamental que las investigaciones sean transparentes, independientes y libres de cualquier forma de presión o influencia.
No estoy pidiendo que se condene a nadie sin un juicio.
Estoy pidiendo que mientras la justicia determina responsabilidades, los niños estén protegidos.
Porque hay una diferencia enorme entre respetar la presunción de inocencia de un adulto y dejar de proteger preventivamente a un niño.
Una niña de 14 años tuvo el valor de hablar.
Su familia estuvo a su lado.
Sus maestras la apoyaron.
Y nosotros, como sociedad, tenemos que aprender a escucharla.
Porque cuando una niña dice “esto me pasó”, la primera pregunta no debería ser por qué habló.
La primera pregunta debería ser:
¿Qué debemos hacer para que nunca vuelva a ocurrir?
Y quizás la respuesta comienza con algo tan sencillo como poderoso:
Escuchar a nuestros niños. Creer en su voz. Protegerlos. Y actuar.
