El Salvador vuelve a estar en el ojo del mundo. El presidente Nayib Bukele aprobó una reforma que permite imponer cadena perpetua a menores de edad, a partir de los 12 años, cuando sean condenados por delitos graves como homicidio, abuso sexual y pertenencia a pandillas.
La medida, que ya entró en vigencia, forma parte de un paquete de reformas penales que ha generado una fuerte división: mientras muchos ciudadanos la respaldan como una respuesta a la violencia, organismos internacionales advierten que podría violar derechos fundamentales.
¿Qué cambia con la nueva ley?
Las reformas fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa y ratificadas tras una modificación constitucional. Estas permiten que menores de edad enfrenten penas de prisión perpetua en casos considerados de alta gravedad.
Además, se establecen nuevos “juzgados de lo criminal” para procesar estos casos y se eliminan beneficios como la libertad condicional o anticipada para los condenados.
Según lo establecido, la única posibilidad sería una revisión de la pena en el futuro, bajo condiciones específicas.
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Apoyo ciudadano vs. críticas internacionales
En un país que ha vivido durante años bajo la presión de las pandillas, muchos salvadoreños ven la medida como necesaria para recuperar la seguridad.
Sin embargo, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch han cuestionado la reforma.
La CIDH señaló que la prisión perpetua para menores es desproporcionada y no cumple con el objetivo de reinserción social. Por su parte, Human Rights Watch advirtió que este tipo de penas contradice estándares internacionales, ya que los castigos para menores deberían ser más cortos y enfocados en su rehabilitación.
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Un contexto marcado por mano dura
Estas reformas se dan en el marco del régimen de excepción que vive El Salvador desde marzo de 2022, una política de seguridad que ha dejado más de 91,000 detenidos.
Según reportes, también se han registrado miles de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos y cientos de muertes bajo custodia estatal.
