Hace cuatro años, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) enfatizó que el progresivo deterioro institucional que registraba el país impedía determinar cualquier pronóstico optimista, y se planteó la pregunta de cómo pasar de discusiones abstractas y quejas a propuestas definitivas que permitieran enrumbar a Panamá por un mejor camino, reconociendo que resolver los problemas que lo menoscaban no se logra de la noche a la mañana y que se requiere del análisis integral, así como de muchas consultas que denoten participación y consenso.
Con base en esa preocupación, la CCIAP convocó a abogados notables, especialistas en la rama constitucional, con el fin de determinar qué tipo de reformas podría plantearse a la Constitución Política de la República de Panamá (la “Constitución”).
Dicho grupo, junto con miembros de este gremio, coincidieron en que el imperio de la ley, efectivo a través de una adecuada administración de justicia, es fundamental para la vida en democracia y merecía una atención prioritaria en cualquier proceso de reforma constitucional.
Jean Pierre Leignadier, presidente de la Cciap.Así, en septiembre de 2018, se presentó un proyecto de reformas constitucionales a la administración de justicia con miras a lograr un cambio con base en el procedimiento establecido en el Artículo 313, numeral 1 de la Constitución, mediante dos Asambleas consecutivas. Para este proceso se requería de voluntad política, la cual no se evidenció pese al reclamo de reformas por parte de la sociedad durante la campaña previa a las elecciones de 2019.
En el camino han surgido otras iniciativas de reformas y en su momento, la CCIAP aplaudió que el actual Órgano Ejecutivo presentara al Legislativo reformas al ordenamiento constitucional que resultaron luego de un amplio debate en el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, las cuales incluían aquellas modificaciones propuestas por este gremio. Sin embargo, se tenía la expectativa que, como proponente de las reformas y en respuesta a la exigencia del electorado, el Órgano Ejecutivo diera un seguimiento celoso al proceso hasta hacer de la propuesta una realidad. Pero esto no sucedió y el abordaje del Órgano Legislativo demostró su desprecio total hacia la iniciativa presentada.
El último año ha marcado la historia panameña, no solo por la crisis sanitaria, social y económica vivida; sino porque las condiciones que llevaron a plantear reformas a la Constitución se mantienen, y lo que es peor, se han profundizado, dejando al desnudo una administración de justicia cómplice de la impunidad con fallos aberrantes y a destiempo, una institucionalidad resquebrajada y órganos del Estado sumidos en el clientelismo que alimenta la discrecionalidad, la inseguridad, la falta de transparencia y la corrupción.
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En este contexto nada esperanzador y en medio de un panorama político preocupante e incierto, la CCIAP insiste en la necesidad de reformar la Constitución y subraya que, independientemente del método por el que se llevasen adelante estas reformas, participará activamente en la discusión de fondo, reiterando reformas que fortalezcan la débil institucionalidad del país con cambios que impliquen, por ejemplo: (i) los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), su designación y ratificación, al igual que las del Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, (ii) los tiempos para nombrar a estos funcionarios, (iii) las atribuciones constitucionales y legales de la CSJ, (iv) el presupuesto del Órgano Judicial y del Ministerio Público; (v) la función judicial del Órgano Legislativo (vi) el método de escogencia y composición de la Asamblea Nacional, así como límites a la reelección de los diputados, (vii) y limitaciones a los poderes del Órgano Ejecutivo.
Con igual énfasis, este gremio velará por que aquellos logros históricos producto de consensos nacionales, como el título constitucional del Canal de Panamá, en el que la mayoría de los ciudadanos acordamos el futuro del principal activo de los panameños, no sea sujeto de modificación. Este componente de la Constitución es un claro ejemplo del buen trabajo en pro de Panamá y los panameños.
Una vez más, la CCIAP reafirma que la Carta Magna, que define el marco de convivencia de quienes habitamos este pequeño gran país, sea revisada y reformada. Independientemente de la vía, el gremio empresarial se mantendrá activo, aportando al debate y dándole seguimiento a las propuestas de reforma constitucional que ha planteado, dado que Panamá debe modernizarse para su desarrollo integral, considerando los aspectos funcionales que han llevado al país a ocupar un sitial diferenciador dentro del conjunto de naciones
