El fallo que libró de culpa al ex presidente, Ricardo Martinelli será atacado por la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada y los abogados de seis de las víctimas.
En el Sistema Penal Acusatorio (SPA), la fiscalía anunció que presentará un recurso de anulación, al igual que los querellantes Balbina Herrera, Mitchell Doens y Mauro Zúñiga, mientras que Juan Carlos Navarro, Rosendo Rivera y Rubén Polanco, se decidieron por la casación ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Querellantes interpondrán recursos contra sentencia de Martinelli. Carlos Herrera Delegado, abogado del doctor Mauro Zúñiga, explicó que para presentar y sustentar la casación tienen 15 días y para la nulidad, tendrán 8 días.
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El Tribunal de Juicio Oral, conformado por los jueces Roberto Tejeira (presidente), Arlene Caballero (relatora) y Raúl Vergara (tercer juez), declaró no culpable al ex presidente Martinelli de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad (interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial) y contra la administración pública (peculado por sustracción o malversación y peculado de uso).
Los Jueces fundamentaron su decisión en que el Ministerio Público no logró probar su teoría del caso, ya que afloraron gran cantidad de dudas razonables e inconsistencias que obligaron a absolver al acusado.
Este argumento es rebatido por la Fiscalía y los querellantes quienes critican al Tribunal por excluir pruebas que habían sido admitidas y validadas en la fase intermedia cuando el caso estaba en la CSJ.
Una de las tesis del tribunal es que la Fiscalía no aportó pruebas de que las interceptaciones se hicieron sin autorización judicial, sin embargo, el fiscal Ricaurte González indicó que esa prueba estaba incorporada en el escrito de apertura a juicio, pero fue excluida por el tribunal.
Fiscal Ricaurte GonzálezEl tribunal consideró en su fallo que el Ministerio Público no acreditó que para interceptar las comunicaciones de las víctimas o para escuchar se uso un artificio, porque no se estableció que a través del sistema Pegasus se obtuvieron los correos.
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Es más dudaron que este sistema se comprará con fondos del Estado, aducen que pudo ser privado, porque si bien el testigo protegido que trabajó en el Consejo de Seguridad al que calificaron de “sospechoso” y el perito Luis Rivera Calle dan fe de su existencia, no se cuenta con un contrato, lo que fue rebatido por la fiscalía que sostiene que si existen pruebas documentales que acreditan la forma en la que se obtuvo.
La audiencia de juicio oral, inició el pasado 12 del mes de marzo y culminó el 9 de agosto de 2019 , luego de 4 meses y 22 días, donde las partes presentaron una gran cantidad pruebas testimoniales, periciales, y documentales.
