En los últimos años, Panamá ha sido testigo de una creciente manifestación de conciencia cívica y participación ciudadana. El pueblo panameño no solo ha levantado la voz, sino que ha demostrado con acciones concretas que está dispuesto a defender su futuro. Ya no basta con hablar: se exige ser escuchado.
El poder político, en una democracia, emana del pueblo. Así lo establece nuestra Constitución. Diputados, alcaldes, representantes y el Presidente no son dueños del poder; son administradores temporales del mandato popular. Pero cuando ese mandato se desvía del sentir mayoritario, es deber del pueblo recordarle a sus gobernantes que su legitimidad depende del respeto a la voluntad ciudadana.
En 2023, el país vivió un paro nacional que paralizó Panamá por más de dos meses. Las calles fueron escenario de protestas, pero también de unidad. Fue una reacción ante la imposición de un contrato que la mayoría rechazó. Esa resistencia dejó claro que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar decisiones que afecten sus derechos sin una consulta amplia, seria y respetuosa.
Ahora volvemos a un momento crucial. La aprobación de la Ley 462, relacionada con la Caja de Seguro Social, ha generado un profundo malestar. ¿Realmente fue aceptada por la mayoría? ¿O estamos, una vez más, ante una decisión apresurada que ignora la complejidad del problema? Reformar un sistema tan vital como las jubilaciones exige consenso, transparencia y, sobre todo, humildad para reconocer que no lo sabemos todo.
Protesta docentes Veraguas. Tomada de redes socialesNo podemos darnos el lujo de repetir los errores del pasado. ¿Está el país preparado para soportar nuevamente una crisis social y económica? Las consecuencias de otro paro serían devastadoras: pérdida de clases, citas médicas suspendidas, colapso de la economía informal, incremento del desempleo. La ciudadanía quiere soluciones, no más incertidumbre.
Panamá necesita actuar con responsabilidad. Debemos abrir la puerta al conocimiento técnico, traer expertos internacionales, estudiar modelos exitosos de otros países y adaptar lo mejor a nuestra realidad. No se trata solo de una ley, se trata del futuro de millones de panameños.
Y si realmente queremos fortalecer nuestra democracia, que se consulte al pueblo mediante un plebiscito. Aprovechemos esta coyuntura para abordar también otros temas de fondo: la minería, la segunda vuelta electoral, la transparencia en la gestión pública. Escuchar al pueblo es más que una frase; es un compromiso moral y político.
Panamá merece ser un país donde el diálogo supere la imposición, donde las decisiones sean construidas colectivamente, y donde el bienestar común esté por encima de los intereses particulares.
Dios nos proteja. Que Panamá y los panameños tomemos, con sabiduría, las decisiones que marcarán nuestro futuro.
