El próximo 29 de febrero, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llevará a cabo una audiencia de imputación a la candidata presidencial y diputada aspirante a la reelección, Zulay Rodríguez.
Este proceso se realiza en relación con la presunta comisión de delitos que incluyen blanqueo de capitales, abuso de confianza, asociación ilícita para delinquir y contra la administración de justicia.
La decisión fue anunciada a través de un edicto difundido el miércoles 21 de febrero en la secretaría de la CSJ, informando a las partes involucradas sobre la medida tomada.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por Diana Clemente Cardona, esposa del fallecido comerciante mexicano José Luis Penagos. En 2009, Penagos fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando se dirigía en tránsito a Colombia, momento en el que se le decomisaron varias planchas de oro bajo la sospecha de no haber sido declaradas y de contener rastros de metanfetaminas.
En 2013, Penagos contrató los servicios legales de Zulay Rodríguez para reclamar el material decomisado. Sin embargo, al término del proceso judicial, acusó a Rodríguez de haberse apropiado de 66 kilos de oro. Rodríguez defendió su posición argumentando que Penagos nunca le pagó y que el oro en cuestión era el pago por sus servicios profesionales.
Estas acusaciones han desencadenado un proceso legal que ahora se dirige hacia una audiencia de imputación, donde se espera que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
El caso ha generado gran atención tanto en el ámbito político como judicial, destacando la importancia de una investigación rigurosa y transparente para garantizar la justicia en el país.