El presidente Cortizo recapacita y retira el proyecto que deroga la ley de transparencia de 2002

La Presidencia de la República comunicó la tarde de este jueves que el gobernante Laurentino Cortizo y sus ministros acordaron retirar el proyecto que deroga la ley de transparencia de 2002 y la sustituye por una nueva norma que limitaba el acceso a la información pública.

“En democracia hay que escuchar, dialogar. He sido un presidente que entiende lo que es la democracia, la separación de poderes”, dijo Cortizo Cohen.

El proyecto de ley 1031, impulsado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), había sido ampliamente rechazado por una veintena de organizaciones y gremios profesionales. Hasta el procurador de la Administración, Rigoberto González, y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) habían advertido lo inconveniente que era y que representaba un retroceso en cuanto al acceso a la información pública. Todos pedían a Cortizo que lo retirara de la Asamblea Nacional, donde ya estaba en discusión para primer debate, en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

La Antai, que fue señalada por impulsar la propuesta sin realizar consultas, siempre se mostró reacia a retirar el proyecto y esta semana hasta propuso algunas modificaciones, en un intento por lograr que el mismo avanzara por los canales legislativos.

Cortizo, que esta semana se había reunido con miembros del Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y del Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión y de Información, escuchó los reclamos y prometió tomar cartas. “Váyanse tranquilos”, les dijo. La semana pasada también había dicho que no tenía problema con dejar la Ley 6 de 2002 sobre transparencia.

Finalmente, este jueves, el Consejo de Gabinete aprobó retirar el proyecto de ley 1031.

Como el proyecto fue presentado a la Asamblea por el ministro de la Presidencia, José Simpson, el 27 de abril pasado, le corresponderá a él mismo comunicar al Legislativo que la propuesta ya no va.

Cortizo recordó que en enero de 2019, como candidato presidencial, firmó el Reto Transparencia. Luego, en 2020, ya como presidente de la República, firmó la Declaración de Chapultepec sobre libertad de prensa y expresión y se convirtió en el primer mandatario en suscribir la Declaración de Salta de 2018, sobre principios de libertad de expresión en la era digital.

Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, celebró la decisión del presidente Laurentino Cortizo de retirar el proyecto. “El que no nos bajen formalmente el estándar de transparencia y el acceso del ciudadano a exigir información pública es positivo”.

Advirtió que la amenaza no ha terminado y recordó que se tiene que seguir mirando el descenso en la cultura de transparencia de todo el andamiaje público. “Nos toca seguir muy vigilantes”, dijo. Añadió que es “extremadamente positivo” que la sociedad se active en su rol de pedir rendición de cuentas cuando se abusa.

“Es positivo que tantos sectores no gubernamentales se hayan unido para defender la transparencia. Es de celebrar que el presidente haya tomado esta decisión”, argumentó.

Las reacciones se multiplicaron en Twitter, la red social donde el mandatario dio a conocer la noticia. “Enhorabuena presidente, acertada decisión”, dijo el empresario Felipe Chapman. “Le agradecemos haber tomado tan atinada decisión”, manifestó Angélica Maytín, exdirectora de la Antai. Otro que reaccionó fue Juan Antonio Tejada, exdefensor del Pueblo, quien aseguró “buen criterio presidente”.

Tras el Consejo de Gabinete, Cortizo se reunió con representantes de la sociedad civil y gremios empresariales para hablar de este tema, quienes recibieron positivamente la noticia. Según la Presidencia, en ese encuentro estuvieron Annette Planells, miembro del Movimiento Independiente (Movin); Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; Temístocles Rosas, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede); Diego Quijano, presidente del Consejo Nacional de Periodismo; Raquel Robleda, presidenta del Fórum de Periodistas por la Libertades de Expresión e Información; Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y Juan Antonio Tejada, presidente del Instituto Panameño de Estudios Cívico (IPEC).