En el cuarto día del juicio del caso New Business, el perito Eliseo Ábrego describió el esquema societario y financiero que se usó para recolectar $43.9 millones en la cuenta de la sociedad New Business Services, fondos con los que se concretó la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) en 2010.
Ábrego pasó al estrado a las 4:20 p.m., como testigo requerido por varios abogados defensores entre ellos el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), que según la investigación es el principal accionista de Epasa y es uno de los 15 imputados enjuiciados desde el pasado 23 de mayo, en el tribunal que preside la juez penal Baloisa Marquínez, por presunto blanqueo de capitales.
El perito, de profesión contador, dijo que trabaja en la división de blanqueo de capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional y que tiene 24 años de experiencia. Fue el encargado de preparar el documento financiero que utiliza el Ministerio Público para sostener su teoría del caso.
Caso New Business: Defensa pregunta por protocolos de investigación al perito Eliseo Abrego. https://t.co/pHHUluIyoK #PanamaEnDirecto pic.twitter.com/loiCinyWqP
— Panamá En Directo (@panamaendirecto) May 26, 2023
Luis Eduardo Camacho González, abogado de Martinelli, le consultó específicamente por el contenido de ese documento, que está en el expediente. Después de ubicar la información, Ábrego narró que en 2010 se creó un grupo de personas que envió fondos “a la canasta de New Business. Se recogieron $43.9 millones”.
Apoyándose en la lectura del documento, el perito leyó: “Excavaciones del Istmo aportó $2 millones. La empresa Ricamar, que es del señor expresidente, aportó $11 millones 450 mil. Fursys Latin Inc. aportó $3 millones 548 mil. Galdden Corp., $1 millón 50 mil. Financial Pacific dio $1 millón 993 mil. Corporación Clio, $1 millón. Transcaribe Trading, $5 millones 50 mil. Jack Btesh, $2 millones. Gabriel Btesh, $7 millones. Henri Mizrachi y la empresa Global Office aportaron $7 millones producto de un préstamo de la Caja de Ahorros, pero el neto, menos las comisiones y eso, se giraron $6 millones 975 mil 490″.
Luego dijo que esos $43.9 millones se usaron para cancelar las acciones de la familia de doña Rosario Arias de Galindo, propietarios de Epasa hasta finales de 2010.
“Les giraron un cheque de gerencia por $27 millones 395 mil y cancelaron un préstamo en el Banco General de $12 millones 500 mil. Al Tesoro Nacional cancelaron $1 millón 742 mil 197, que representa el valor de la transferencia de las acciones en impuesto (...)”, anotó Ábrego.
Explicó que parte de esa transacción guarda relación con proyectos de infraestructura otorgados por el Estado.
“De allí salió dinero para pagar ya bien sea parte de las acciones o para pagar parte de los préstamos que se habían pedido en la Caja de Ahorros”, aseguró.
Confirmó que las acciones de Epasa se traspasaron a tres sociedades. En el expediente consta que una de esas era TPAHC, que en la investigación figura ligada a Martinelli, que tenía el 60% de las acciones de Epasa. El resto se repartió en dos sociedades, cada una con 20%, controladas por Henry Mizrachi.
Previamente, Camacho Castro le hizo preguntas relacionadas con su experiencia profesional y capacitaciones, y también sobre los protocolos y procesos que utilizar para desarrollar su trabajo. ¿Verificó los libros contables de Epasa? ¿Verificó los libros de las sociedades? ¿Visitó los departamentos contables de las sociedades mencionadas?, fueron algunos de las interrogantes.
A veces, el abogado de Martinelli se exaltaba y alzaba la voz. Parecía no tenerle mucha paciencia a su propio testigo. En una oportunidad, la juez Marquínez le llamó la atención a Alfredo Vallarino, otro abogado del expresidente, porque le dictó las preguntas a Camacho. “Recuerde que está prohibido hablar en el salón de audiencias durante el desarrollo de la sesión. Eso puede interrumpir la concentración del perito”, dijo la juez.
Después, Ábrego respondió preguntas de José Félix Martín, abogado de Daniel Ochy Diez, otro de los imputados. Martín usó un esquema de preguntas similares a las de los defensores de Martinelli. El fiscal Emeldo Márquez solicitó a la juez que llamara la atención, porque eran “preguntas capciosas”. Marquínez le dio la razón y le pidió al abogado que reformulara las interrogantes, pues estaba haciendo dos y tres preguntas en una sola.
Buena parte del interrogatorio se centró en los $22 millones que dio el Tesoro Nacional en concepto de adelanto a Transcaribe Trading (TCT), empresa de la familia Ochy, por el proyecto de la ampliación de la autopista Arraiján- La Chorrera. A las 8:00 p.m., Ábrego seguía en el estrado.
Antes del perito, dio su testimonio Franz Wever, exdiputado y exsecretario general de la Asamblea Nacional. Actuó como testigo de la defensa de Ricardo Martinelli. Wever era el secretario general de la Asamblea en febrero de 2017, cuando Jorge Iván Arrocha, entonces diputado del Partido Panameñista, pidió que se investigara la compra de Epasa, porque había sospecha de que se habría usado dinero del Estado para concretar la transacción.
En el cuarto día del juicio del caso New Business, el perito Eliseo Ábrego describió el esquema societario y financiero que se usó para recolectar $43.9 millones en la cuenta de la sociedad New Business Services, fondos con los que se concretó la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) en 2010.
Ábrego pasó al estrado a las 4:20 p.m., como testigo requerido por varios abogados defensores entre ellos el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), que según la investigación es el principal accionista de Epasa y es uno de los 15 imputados enjuiciados desde el pasado 23 de mayo, en el tribunal que preside la juez penal Baloisa Marquínez, por presunto blanqueo de capitales.
El perito, de profesión contador, dijo que trabaja en la división de blanqueo de capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional y que tiene 24 años de experiencia. Fue el encargado de preparar el documento financiero que utiliza el Ministerio Público para sostener su teoría del caso.
Luis Eduardo Camacho González, abogado de Martinelli, le consultó específicamente por el contenido de ese documento, que está en el expediente. Después de ubicar la información, Ábrego narró que en 2010 se creó un grupo de personas que envió fondos “a la canasta de New Business. Se recogieron $43.9 millones”.
Apoyándose en la lectura del documento, el perito leyó: “Excavaciones del Istmo aportó $2 millones. La empresa Ricamar, que es del señor expresidente, aportó $11 millones 450 mil. Fursys Latin Inc. aportó $3 millones 548 mil. Galdden Corp., $1 millón 50 mil. Financial Pacific dio $1 millón 993 mil. Corporación Clio, $1 millón. Transcaribe Trading, $5 millones 50 mil. Jack Btesh, $2 millones. Gabriel Btesh, $7 millones. Henri Mizrachi y la empresa Global Office aportaron $7 millones producto de un préstamo de la Caja de Ahorros, pero el neto, menos las comisiones y eso, se giraron $6 millones 975 mil 490″.
Luego dijo que esos $43.9 millones se usaron para cancelar las acciones de la familia de doña Rosario Arias de Galindo, propietarios de Epasa hasta finales de 2010.
“Les giraron un cheque de gerencia por $27 millones 395 mil y cancelaron un préstamo en el Banco General de $12 millones 500 mil. Al Tesoro Nacional cancelaron $1 millón 742 mil 197, que representa el valor de la transferencia de las acciones en impuesto (...)”, anotó Ábrego.
Explicó que parte de esa transacción guarda relación con proyectos de infraestructura otorgados por el Estado.
“De allí salió dinero para pagar ya bien sea parte de las acciones o para pagar parte de los préstamos que se habían pedido en la Caja de Ahorros”, aseguró.
Confirmó que las acciones de Epasa se traspasaron a tres sociedades. En el expediente consta que una de esas era TPAHC, que en la investigación figura ligada a Martinelli, que tenía el 60% de las acciones de Epasa. El resto se repartió en dos sociedades, cada una con 20%, controladas por Henry Mizrachi.
Previamente, Camacho Castro le hizo preguntas relacionadas con su experiencia profesional y capacitaciones, y también sobre los protocolos y procesos que utilizar para desarrollar su trabajo. ¿Verificó los libros contables de Epasa? ¿Verificó los libros de las sociedades? ¿Visitó los departamentos contables de las sociedades mencionadas?, fueron algunos de las interrogantes.
A veces, el abogado de Martinelli se exaltaba y alzaba la voz. Parecía no tenerle mucha paciencia a su propio testigo. En una oportunidad, la juez Marquínez le llamó la atención a Alfredo Vallarino, otro abogado del expresidente, porque le dictó las preguntas a Camacho. “Recuerde que está prohibido hablar en el salón de audiencias durante el desarrollo de la sesión. Eso puede interrumpir la concentración del perito”, dijo la juez.
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Después, Ábrego respondió preguntas de José Félix Martín, abogado de Daniel Ochy Diez, otro de los imputados. Martín usó un esquema de preguntas similares a las de los defensores de Martinelli. El fiscal Emeldo Márquez solicitó a la juez que llamara la atención, porque eran “preguntas capciosas”. Marquínez le dio la razón y le pidió al abogado que reformulara las interrogantes, pues estaba haciendo dos y tres preguntas en una sola.
Buena parte del interrogatorio se centró en los $22 millones que dio el Tesoro Nacional en concepto de adelanto a Transcaribe Trading (TCT), empresa de la familia Ochy, por el proyecto de la ampliación de la autopista Arraiján- La Chorrera. A las 8:00 p.m., Ábrego seguía en el estrado.
Antes del perito, dio su testimonio Franz Wever, exdiputado y exsecretario general de la Asamblea Nacional. Actuó como testigo de la defensa de Ricardo Martinelli. Wever era el secretario general de la Asamblea en febrero de 2017, cuando Jorge Iván Arrocha, entonces diputado del Partido Panameñista, pidió que se investigara la compra de Epasa, porque había sospecha de que se habría usado dinero del Estado para concretar la transacción.
Ante preguntas de Camacho, Wever respondió que luego de que Arrocha habló en el periodo de incidencias, él le consultó al entonces diputado Rubén De León, presidente del Legislativo en aquel momento, sobre qué hacer con las declaraciones. De León le contestó que había que mandarla a la Procuraduría General de la Nación, porque era orden “de arriba”. Wever interpretó que se refería a Juan Carlos Varela, presidente de la época. El fiscal Márquez le preguntó que si esa percepción era basada en la separación de los poderes del Estado.
“Separación de funciones... Doctor, fui 15 años diputado y 5 secretario general. La separación de los poderes del Estado es una utopía y usted lo sabe, todo el tiempo”, respondió Wever. En ese momento, Márquez le pidió a la juez que le recordara al testigo el contenido del artículo 25 de la Constitución, que indica que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Marquínez respondió que ya se había cumplido con ese paso.
En la jornada también testificaron varias personas vinculadas con el mundo de las sociedades y el derecho corporativo, como el abogado Julio Quijano, de la firma forense Quijano & Asociados.
