La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional ha manifestado su opinión ante la renuncia de Eduardo Ulloa al puesto de procurador general de la Nación.
Para Libertad Ciudadana, la decisión de Ulloa tiene un “impacto negativo incalculable al sistema de justicia y a la democracia”.
“Su nota de renuncia deja más vacíos que respuestas. El más alto funcionario del Ministerio Público debe poder tolerar la libertad de expresión y de prensa que es parte de la naturaleza del cargo. Si recibió presiones externas, sean mediáticas, políticas, económicas o criminales, está obligado por Ley e integridad personal a informar al país y a denunciarlas. Nueve procuradores en treinta y un años, en lugar de los tres que debieron cumplir sus términos de 10 años, son hechos que evidencian la crisis y fragilidad de un sistema de justicia, que la sociedad ya se plantea como fallido”.
Sigue preocupando la impunidad y la tranquilidad social porque son más de una decena de casos de alto perfil que no trascienden ni dejan exfuncionarios culpables.
“La ciudadanía se enfrenta de nuevo al peligro del cáncer social que es la impunidad, en casos tan importantes para la tranquilidad social como Odebrecht 1 y 2, escuchas telefónicas del ex presidente Martinelli, Blue Apple, FCC, los más de treinta casos de corrupción pública de alto perfil que involucran a las administraciones 2009-2014 y 2014-2019, a funcionarios y políticos del Ejecutivo y del Legislativo, los trece casos abiertos desde el inicio de la pandemia por posible corrupción de funcionarios del actual gobierno y las quince investigaciones reportadas abiertas en el doloroso caso de los albergues”, menciona el comunicado.
Luego la fundación se plantea muchas preguntas, que también comparte el pueblo panameño.
¿Cómo se toman las decisiones ante declaraciones como estas? ¿Qué puede esperar la ciudadanía ante la inseguridad jurídica que generan? ¿Qué respaldo tendrán los fiscales superiores anticorrupción para proceder?
“El efecto aciago no es solo a las instituciones de justicia, es a nuestro sistema democrático mismo, porque un poder judicial eficaz, imparcial y accesible es esencial al Estado de Derecho, pilar de la democracia”, opina.
“Hacemos, una vez más, un llamado a los poderes del Estado a que cumplan con sus mandatos constitucionales y legales que den el resultado de cambio urgente que se requiere: una Justicia libre de injerencias políticas, designación de personas íntegras, capaces y formadas, dotación de los presupuestos necesarios para implementar las carreras profesionales tanto en el Ministerio Público como en el Órgano Judicial, entre muchas otras. Un sistema de justicia eficaz, imparcial y accesible que sirva a toda la ciudadanía por igual y acabe con la impunidad, es el primer paso a corregir la desigualdad y la desconfianza que corroe el tejido social”, finaliza.
