El Darién, un santuario natural entre Panamá y Colombia, se convirtió en el escenario de una brutal destrucción ambiental. En una operación de alto riesgo, las fuerzas de seguridad panameñas y colombianas desmantelaron una red de minería ilegal que, con motobombas y mercurio, saqueaba el oro de la selva y dejaba tras de sí un paisaje de devastación.
La Operación Elías 30, que se extendió por siete días, terminó con 10 detenidos, siete panameños y tres colombianos y la incautación de maquinaria pesada, celulares y frascos con lo que se presume es oro mezclado con mercurio, un veneno mortal para ríos y comunidades.
El campamento minero clandestino no era solo un punto de extracción ilegal: era un laboratorio del crimen. En la cabecera del río Mangle, los delincuentes habían levantado 15 estructuras ocultas, rodeadas de una tierra moribunda, sin árboles y envenenada por los químicos usados para separar el oro.
“Esto es un ecocidio”, declaró un perito ambiental, señalando que el mercurio usado en el proceso ya habría contaminado cuerpos de agua cercanos.
Los investigadores no descartan que esta red esté vinculada con grupos armados que operan en la frontera, utilizando la minería como una fuente clandestina de financiamiento. El uso de tecnología rudimentaria y tóxica evidencia el daño irreparable que la actividad dejó en la zona.
Con las pruebas en mano, el Ministerio Público y el Ministerio de Ambiente ahora tienen la tarea de procesar a los detenidos y determinar el alcance del daño ambiental. Mientras tanto, en el Darién, el suelo saqueado y los ríos envenenados siguen contando la historia de un oro manchado de crimen.
