Cuatro años después del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, la pregunta de la impunidad persiste en el contexto del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y su promesa de indultar a más de mil 500 personas acusadas por sus acciones durante los disturbios. Este evento, que fue un intento violento de frenar la certificación de la victoria de Joe Biden, dejó cinco muertos y numerosos heridos entre los agentes de policía.
El asalto fue precedido por meses de afirmaciones infundadas de Trump sobre un fraude electoral. Durante un mitin ese día, Trump instó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio, donde se interrumpió la sesión legislativa que certificaba la victoria de Biden. La turba rompió ventanas y escaló muros, llevando al Congreso a una situación caótica.
A pesar de varios intentos de juzgar a Trump por su papel en el asalto, hasta ahora no ha habido resultados concretos en su contra.
En este cuarto aniversario, Trump se prepara para asumir nuevamente la presidencia y ha prometido indultar rápidamente a los implicados en los disturbios, lo que ha generado divisiones dentro del Partido Republicano sobre la conveniencia de tales indultos.
Cambios en procedimientos y seguridad
En respuesta al asalto, se han implementado nuevas reglas en la Ley de Recuento Electoral que requieren una mayor cantidad de legisladores para presentar objeciones a los resultados electorales. Además, las medidas de seguridad para el proceso de certificación han sido significativamente reforzadas, tratándose ahora como un “acontecimiento de seguridad especial”.
La situación actual plantea interrogantes sobre si Estados Unidos podrá avanzar sin enfrentar las consecuencias del asalto al Capitolio, mientras algunos legisladores demócratas han expresado que no tienen intención de objetar los resultados electorales esta vez.
