La corrupción y la falta de castigo que se traduce en impunidad aparece remarcado en el reporte de derechos humanos del 2021 que hace la Embajada de Estados Unidos en Panamá.
El documento fue dado a conocer ayer a periodistas de la localidad y destacan la preocupación sobre la libertad de prensa y libertad de expresión, la dura realidad en nuestras cárceles panameñas y el tema de la corrupción, que parece arrebatarnos el país.
Sobre la corrupción destaca que en marzo de 2021 el Ministerio Público presentó cargos contra 25 personas acusados de usar $43 millones en fondos públicos para comprar el grupo de periódicos Editora Panamá América. Los diarios Crítica y Panamá América los controla el ex presidente Ricardo Martinelli y los usa para hacer política y atacar a sus adversarios.
Además en abril, el Ministerio Público presentó cargos en contra de dos expresidentes, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, y tres exministros, Demetrio “Jimmy” Papadimitriu, Frank De Lima y Jaime Ford, por corrupción relacionada al caso Odebrecht. Para octubre los tribunales no habían fallado en ninguno de los casos, destaca el informe.
En junio del 2021 hubo un significativo escándalo a nivel nacional cuando periodistas encontraron que una clínica privada administraba vacunas Pfizer por un supuesto monto de $200. Las vacunas contra la covid-19 (Pfizer y AstraZeneca) eran manejadas exclusivamente – adquiridas, almacenadas y administradas – por el Ministerio de Salud. En diciembre, el Ministerio Público presentó cargos criminales en contra de dos individuos involucrados en el caso.
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Aparte, el expresidente Ernesto Pérez Balladares públicamente admitió que había sido vacunado antes de que hubiera disponibilidad nacional, junto con 10 miembros de su familia en su residencia. Mientras tanto el resto del país, incluyendo el presidente Cortizo, esperaban su turno según lo dictaminaron los estrictos lineamentos del ministerio relacionados con la edad, condición de salud y lugar de residencia. El Ministerio Público no abrió una investigación sobre este asunto ni presentó cargos por abuso de autoridad ni corrupción.
SEGURIDAD
La corrupción y la falta de rendición de cuentas en los estamentos de seguridad continuaron. Los estamentos de seguridad públicos no tenían un ente investigativo imparcial para investigaciones internas. La ausencia de claros procedimientos operativos estándar permitió discreción a los agentes en cada caso. La falta de auditorías periódicas a las operaciones para vigilar la eficiencia, eficacia, rendición de cuentas y la transparencia contribuyó al problema.
En septiembre del 2021, las autoridades arrestaron a un cabo y a dos agentes del Servicio de Protección Institucional en una operación en contra de narcóticos que reveló una red de individuos que traficaba drogas de Colombia.
Para octubre de 2021 continuaban las investigaciones del caso de 2020 que involucró cargos por armas y tráfico de armas en contra de más de 25 individuos, la mayoría de los cuales eran funcionarios de seguridad de alto nivel en el gobierno anterior.
Los cargos incluyeron la distribución ilegal a los funcionarios de armas importadas legalmente, algunas designadas como “armas de guerra”. La Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública, la oficina dentro del Ministerio de Seguridad Pública que regula y emite licencias para armas de fuego, estuvo asociada a corrupción en el pasado, y por lo menos dos exdirectores de la oficina enfrentaban cargos, uno de ellos estando implicado en el caso. Algunos acusados presentaron procesos legales ante la Corte Suprema alegando restricciones del tribunal a su derecho de defensa en los tribunales menores. Para octubre la Corte no había fallado.
No hubo desarrollos en las investigaciones de 2020 por el Ministerio Público relacionadas al supuesto sobreprecio pagado por instituciones del gobierno nacional por ventiladores y la compra de ventiladores usados para tratar a pacientes de la covid-19.
La corrupción sigue siendo una de las preocupación principales de un gran sector de la sociedad porque esto evita que haya recursos para atender necesidades prioritarias en educación, salud, seguridad,, entre otros.
