Pastores evangélicos autoproclamados y pandillas tienen control de las cárceles

El Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos para el último año reitera (2022), para el caso de Panamá, problemas recurrentes como la falta de independencia en el sistema judicial, restricciones y amenazas a la libertad de expresión, discriminaciones contra los grupos de población LGBT y sobre la situación carcelaria del país.

En este último aspecto el informe divulgado este martes 28 de marzo expone aspectos que valen la pena analizar. Hasta el mes de agosto del 2022 el Sistema Penitenciario Panameño contaba con 21 mil 113 reclusos -cuando su capacidad era de 14 mil 591, lo que evidencia el hacinamiento que se vive en las cárceles. Y aunque expone que la situación de las mujeres es mejor a la de los hombres, considera que para ambos la condición es “pobre”.

“Varias instalaciones estuvieron hacinadas y varias otras adolecían de falta de seguridad adecuada para los reclusos, atención médica, suministros básicos para la higiene personal y agua potable. La Defensoría del Pueblo recibió denuncias relacionadas a las condiciones carcelarias pobres y maltrato de prisioneros”, expone el documento elaborado a raíz de información que representantes del Departamento de Estado estadounidense recopilan en cada país a través de entrevistas con diversos actores institucionales, ONG, grupos de la sociedad civil y otros.

Cárceles manga por hombro

Lo siguiente es lo que llama la atención, y es que el reporte -citando a representantes de las Organizaciones No Gubernamentales- expone que pastores evangélicos autoproclamados y líderes de pandillas continuaron controlando firmemente los pabellones dentro de las cárceles.

“Las ONG informaron que se percibió favoritismo hacia los reclusos evangélicos que se designaron líderes de los pabellones carcelarios”. Los representantes de las ONG también informaron que la percepción de corrupción dentro del sistema penitenciario permitió que estos reclusos “líderes” recibieran privilegios, lo cual probablemente requirió de la colaboración de custodios civiles o de la policía. Otros reclusos tenían que obtener la aprobación de estos “líderes”, lo cual a menudo involucró pagar coimas, para obtener traslados expeditos o poder acceder a sus defensores legales”, acota.

CORPRENSASituación en los penales merece mucha atención.

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Continúa expresando que la actividad de las pandillas en las cárceles representaba una amenaza diaria a la seguridad de los reclusos. Los representantes de la sociedad civil dijeron que el personal de seguridad de la cárcel y los familiares de los reclusos probablemente eran cómplices en el contrabando de armas hacía las cárceles.

Sistema judicial

El extenso documento de 27 páginas aborda la situación del Órgano Judicial, y manifiesta que la falta de condenas penales en casos de corrupción reforzó la muy diseminada opinión pública de que el sistema judicial era susceptible a influencias corruptas tanto internas como externas.

“La Oficina de los Defensores Públicos continuó fallando en iniciar de forma oportuna los procesos formales para la liberación temprana de los reclusos por buen comportamiento, a pesar de mandatos del Órgano “Judicial para que lo hiciera. No se tomaron acciones disciplinarias”.

Libertad de expresión

En este acápite muestra las preocupaciones de las asociaciones de medios por el uso -por parte de instituciones del Gobierno- de la ley de protección de datos para impedir la publicación de información de interés público y para prevenir que se comparta información con la prensa.

“Los líderes del grupo de medios Corprensa observaron que las instituciones del Gobierno se habían rehusado a brindar información sobre temas de interés público, alegando que la ley de protección de datos les prohibía compartir información”.

Además, “la cantidad de casos civiles relacionados a difamación y calumnia aumentó, y los demandantes solicitaron indemnizaciones a los medios y a los periodistas por sus publicaciones.

CORPRENSAEl tema de la corrupción y la lucha contra ella es recurrente.

Lucha contra la corrupción

“La ley contempla sanciones penales por corrupción oficial, pero el Gobierno de forma general no implementó esta ley efectivamente. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental, pero pocas investigaciones; aquellas que sí se realizaron se extendieron y raramente llegaron a enjuiciamientos exitosos. La corrupción siguió siendo un problema grave en los Órganos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, al igual que en los estamentos de seguridad”, puntualiza.

“La corrupción continuó obstaculizando al sistema judicial. Un sistema de fácil manipulación que permitió a los acusados demorar el enjuiciamiento de casos que estaban cerca de su término de prescripción. Además de sospecha pública generalizada de manipulación, hubo acusaciones dirigidas a todos los niveles del sistema judicial en cuanto a que los jueces aceptaron sobornos que influenciaron sus decisiones”.