En un comunicado extraordinario difundido este martes 3 de junio, el Congreso General de la Comarca Guna Yala lanzó fuertes acusaciones contra el gobierno del presidente José Raúl Mulino, al que califican de “dictadura” y responsabilizan de represiones, amenazas y ataques contra líderes y comunidades indígenas.
“Nuestro país se encuentra amenazado bajo una dictadura”, expresa el documento, donde se denuncia que los dirigentes gunadules están siendo perseguidos, criminalizados y privados de libertad, mientras que las comunidades son “asediadas y masacradas de forma indiscriminada por fuerzas policiales”.
El Congreso recuerda que hace un siglo, en 1925, el pueblo gunadule se levantó en armas para defender su territorio frente al atropello del Estado panameño. En ese sentido, advierten que llevarán sus denuncias hasta las últimas consecuencias, tanto a nivel nacional como internacional, calificando las acciones del gobierno como “crímenes de lesa humanidad”.
Medidas inmediatas ordenadas por el Congreso General Guna Yala:
Respaldo total a la Junta Ejecutiva del Congreso en su rechazo a la Ley 462 de la CSS, la reapertura de la minería y el Memorándum de Entendimiento.
Repudio a las acciones del MEDUCA contra educadores que protestan por la seguridad social.
Exigencia de liberación inmediata de líderes indígenas y otros dirigentes detenidos “de forma injusta”.
Cierre de todos los centros educativos en la región de Guna Yala hasta que se convoque un diálogo nacional.
Cierre total de oficinas gubernamentales dentro de la comarca.
Ruptura total de comunicación con el gobierno central hasta nuevo aviso.
Autorización a la Junta Ejecutiva para gestionar apoyo nacional e internacional y presentar denuncias formales ante instancias globales por violaciones a los derechos indígenas.
Llamado de alerta a la población gunadule para estar en estado de preparación ante próximos pasos.
El Congreso reafirmó su oposición al memorando firmado entre el gobierno y mineras, a la Ley 462 y a lo que consideran un modelo de gobierno que ignora los derechos de los pueblos originarios. “No cederemos ante las amenazas”, reiteraron.
Este pronunciamiento se suma a una ola de tensiones sociales y protestas que se han intensificado en todo el país desde la entrada en vigencia de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social y el intento del Ejecutivo de avanzar en proyectos mineros en territorios sensibles.
