Fue el 21 de diciembre de 2016, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, reveló que la empresa Odebrecht se declaró culpable de pagar sobornos a autoridades de once países de América Latina –incluido Panamá– y de África. Odebrecht había conspirado para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Es decir, Estados Unidos (EU) había iniciado su propia investigación sobre el caso Odebrecht. Y una de sus revelaciones más importantes para Panamá fue que “en o alrededor de y entre 2009 y 2012, Odebrecht acordó pagar $6 millones a dos familiares cercanos de un alto funcionario del gobierno. “Odebrecht utilizó la División de Operaciones Estructuradas para realizar pagos de fondos no registrados a empresas extraterritoriales designadas por el funcionario del gobierno panameño e intermediarios”, añadía. El caso –a cargo de una fuerza de tarea federal– eventualmente descubrió que no fueron $6 millones, sino –al menos– cerca de $30 millones.
A través de investigaciones se tuvo acceso a un memorándum interno de la firma de abogados Black Srebnick Kornspan Stumpf (BSKS), que representó a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares en primera instancia el 3 de mayo de 2017 en una reunión, en las oficinas del Departamento de Justicia en Washington D.C., con ocho fiscales federales y agentes del FBI, incluidos dos que se sumaron por teléfono, según la descripción de la abogada María Neyra en el documento. Según detalles, se revela que se trató de una reunión con el asistente del procurador Christopher Cestaro sobre la “investigación RML – Pre acusación”. Allí participaron, además de los federales, y la firma de abogados BSKS, representada por María Neyra –redactora del memorándum de la reunión–, además de los abogados defensores Jeff Neiman, Jeff Marcus y Paul Sauferis.
La abogada Neyra señaló que Cestaro “se supone es el fiscal jefe del caso Odebrecht, y David Last, asistente del Procurador, quien trabaja en el caso de Mossack Fonseca”. También “estaba James Knapp, del Distrito Este de Nueva York, al igual que un fiscal de secciones especiales dentro de la Unidad de Fraude, como las vinculadas con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y Cumplimiento Anti Lavado de Dinero. La mayoría de los fiscales y agentes del FBI que estuvieron presentes son miembros de la fuerza de tarea asignada al caso Odebrecht, S.A.”.
Tanto el padre como sus hijos llevaban una vida relajada en EU. Martinelli padre había viajado a ese país a principios del 2015, y tras vivir entre la diversión y el lujo, fue detenido con fines de extradición a Panamá por alguaciles federales el 12 de junio de 2017, por el caso conocido como “pinchazos”. Para entonces, el ex presidente había adquirido una mansión de tres pisos, valorada en $8 millones, en Miami. En 10 meses compró al contado tres carros: una Lexus, un convertible Bentley Continental y un Mercedes Benz GL. Sus hijos también se sumaron al autoexilio, aparentemente con intención de quedarse en EU.
Durante meses, su paradero fue desconocido, aunque de vez en cuando dejaban rastro de sus andanzas en las redes sociales. Mientras tanto Luis Enrique Martinelli Linares compró un apartamento –de más de $1.3 millones al contado–, la propiedad de 187 metros cuadrados: tres recámaras y una espectacular vista a la bahía de Biscayne y Miami Beach. También se le podía ubicar en Harbor Drive, Key Biscayne, donde pagaba un alquiler de $5 mil al mes por una casa que costaba $4.2 millones. Su hermano era residente en un complejo de apartamentos de alquiler de lujo en Fremont Street, San Francisco, California.
Los hermanos Martinelli Linares esperan su sentencia el 20 de mayo. Han pedido clemencia.“Comenzamos por asegurarle al Gobierno de que estábamos interesados en una solución y que esta era la razón por la que habíamos viajado para reunirnos con ellos en persona” explicó la representante de los Martinelli Linares en la reunión con los fiscales. Cestaro, al centro de la mesa, tomó la palabra: “’El gobierno no está preparado, en este momento, para compartir su teoría de investigación’'’, describió Neyra, quien percibió que algo no estaba bien.
“El gobierno esperaba que proporcionáramos información detallada, por ejemplo: datos específicos de las transacciones, entidades y las personas involucradas”, relató Neyra. “Jeff N. y yo respondimos que definitivamente estábamos preparados para darles algún tipo de antecedentes, pero que sabíamos muy poco sobre cuál era su teoría. Ya que los abogados apenas tomaban el caso y no habían tenido oportunidad de profundizar con sus clientes.
Mientras tanto Cestar resaltó que su investigación guardaba relación con lavado de dinero y las leyes relacionadas con Prácticas Corruptas en el Extranjero”.
Y es que pareciera que los hermanos Martinelli Linares no le habían dicho todo a sus abogados, salvo el discurso que habían repetido desde que su padre salió del gobierno: “somos víctimas de una persecución política en Panamá”.
Neyra relató en su memo que le explicaron a los fiscales “cómo [el expresidente] Juan Carlos Varela se había convertido en enemigo político de [el expresidente] Martinelli y cómo la procuradora panameña Kenia Porcell trabajaba para Varela”; que “la familia Martinelli es una familia muy prominente en Panamá”. También le hablaron de la “educación, logros, y los antecedentes políticos” de sus clientes.
Los federales escucharon atentamente, y le hicieron saber a Neyra que habían “sido abiertamente críticos de la administración de Varela, pero no del tiempo en que Martinelli [padre], había ocupado el cargo”. ”Están investigando los pagos de sobornos recibidos por nuestros clientes”, escribió la abogada. “Cestaro dijo que los hermanos eran hijos de un funcionario extranjero a quien por lo general identificaban como ‘el otro co conspirador’”, escribió Neyra. En el memorándum de Neyra, bajo el ítem identificado como “Oferta táctica” los abogados comenzaron a usar la palabra “cooperación”.
“En ningún momento –reseñó Neyra– identificamos por nombre a ningún empleado de Odebrecht, otros individuos, compañías o proyectos que pudiesen ser objeto de alguna cooperación por parte de Ricardo y Luis. Fuimos claros en decirles que no queríamos sobrevalorar la cooperación de nuestros clientes. Nunca prometeríamos más de lo que los clientes pueden entregar”.
La respuesta a esa inquietud vino del agente del FBI Trombley: “El primero en traer información obtendrá el beneficio. Aunque el gobierno no puede hacer promesas o garantías, dijo que había precedentes en los cuales los cooperadores pueden tener la opción de acordar una declaración de culpabilidad por un cargo de conspiración que tiene una condena de 5 años de prisión, como máximo”, escribió Neyra.
“Cestaro y algunos otros reafirmaron lo dicho moviendo sus cabezas. El equipo del Gobierno, en particular el asistente del Procurador Knapp, reconocieron que la cooperación, es decir, la reducción de la sentencia, depende de la localidad [donde estén].
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Uno de los fiscales agregó: “Sus clientes solo tienen que hacer lo correcto”, describió Neyra. La manera en la que podían cooperar los hermanos fue tomando forma. En el ítem que Neyra llamó “Cooperación buscada”, relató que “el equipo del Gobierno dejó muy claro que necesitarían datos específicos de parte de nuestros clientes”. ¿De qué cooperación hablaban los fiscales? Neyra lo dejó claro: “Cestaro especificó que la aceptación de responsabilidad [de los hermanos Martinelli Linares] necesariamente incluiría la cooperación en contra del padre. Nuevamente, todos los del equipo del Gobierno asintieron en acuerdo y se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Al parecer están muy interesados en [el expresidente] Martinelli”.
El memorándum de Neyra demuestra que los federales buscaban acusar al expresidente panameño en EU. Y lo que pedían no era poco. La “solución” al problema era delatarlo. Neyra reportó que Cestaro y el agente del FBI Trombley advirtieron que “saben todo sobre Odebrecht”, que el FBI conoce todos los hechos. A su turno, el fiscal Knapp, “quien se mostró como el más sincero del grupo, fue un poco más mesurado. ‘Ya sabemos mucho’ [dijo].
Una confesión de directivos de Odebrecht permitió a Estados Unidos abrir una investigación sobre el esquema de coimas que involucró a varios países.El agente del FBI Trombley advirtió que Ricardo y Luis tendrían que traer algo ‘nuevo’”, reportó Neyra, pero ella recomendó a los federales “tomar las cosas con calma. La cooperación lleva tiempo…”. Pero Cestaro fue contundente: “Dijo directamente que querían que los hermanos entraran y respondieran las preguntas primero. Quieren preguntar a nuestros clientes quién, qué, qué entidades y qué se puede o no hacer. Nadie en el equipo de gobierno dio más detalles”, narró Neyra.Knapp, admitió que podría ser “‘una decisión difícil para nuestros clientes’”, escribió Neyra, pero también les recordó que “‘los primeros actores obtienen más’”.
El agente del FBI Trombley “nos preguntó sin muchas vueltas cuál era nuestra lista de deseos: [la respuesta fue] no presentar cargos y la protección de permanecer en los EU y poder llevar una vida normal”, les informó Neyra.
Este medio contactó por correo electrónico y por teléfono a la firma Black Srebnick Kornspan Stumpf para indagar más sobre lo indicado en el memorándum objeto de esta publicación y para conocer por qué dejaron de representar a los hermanos Martinelli Linares, pero no respondieron los correos y, tras una llamada ayer de este medio, declinaron contestar.
Nota de Leonardo Grinspan de La Prensa
