La Defensoría del Pueblo de Panamá ha manifestado su profunda preocupación por la pérdida de casi dos semanas de clases a nivel nacional, situación que vulnera el derecho fundamental a la educación de niñas, niños y adolescentes. Esta interrupción prolongada afecta significativamente el aprendizaje, la equidad educativa y el bienestar de la niñez y adolescencia panameña.
Aunque reconoce el derecho a la protesta, la Defensoría enfatiza que los derechos de la niñez y adolescencia deben ser prioridad absoluta. En su comunicado, señala que no se puede sacrificar el futuro educativo de toda una generación y subraya la urgencia de un retorno seguro a las aulas en todo el país.
La Defensoría del Pueblo de Panamá expresa su profunda preocupación ante la pérdida de casi dos semanas de clases a nivel nacional, lo cual vulnera el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, provocando consecuencias significativas en el aprendizaje, la equidad… pic.twitter.com/vPDMz6RNFx
— Defensoría del Pueblo de Panamá🕊 (@DefensoriaPan) May 12, 2025
En los últimos cinco años, la educación en Panamá ha sufrido múltiples interrupciones. Según datos de la UNESCO, Panamá fue el país que más días de clases presenciales perdió durante la pandemia, con casi 211 días sin educación presencial. A esto se suman cerca de un mes de interrupciones en 2022 y aproximadamente 42 días en 2023, agravando la crisis educativa.
La Defensoría recuerda, citando a UNICEF, que las escuelas deben ser los últimos lugares en cerrar y los primeros en abrir, ya que no solo ofrecen educación, sino también apoyo psicosocial, alimentación y protección frente a riesgos que aumentan fuera del entorno escolar. Por ello, hacen un llamado a garantizar que las escuelas permanezcan abiertas y seguras para todos los estudiantes.
Esta preocupación se enmarca en el contexto de una huelga indefinida de docentes iniciada el 23 de abril de 2025, en protesta contra la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social. Las manifestaciones y bloqueos han provocado la suspensión de clases en numerosas regiones, afectando a cientos de miles de estudiantes del sector público. El Ministerio de Educación ha reiterado la importancia de que los estudiantes regresen a las aulas, mientras que el presidente José Raúl Mulino ha calificado la huelga como un “crimen” contra los estudiantes.
Esta situación ha generado un debate sobre el equilibrio entre el derecho a la huelga de los docentes y el derecho a la educación de los estudiantes, quienes son los principales afectados por las interrupciones. La Defensoría del Pueblo insiste en que se priorice el bienestar y el desarrollo integral de la niñez y adolescencia panameña, buscando soluciones que permitan el retorno seguro y sostenido a las clases.
