El contralor general de la República, Anel Flores De La Lastra, alzó la voz contra las irregularidades detectadas en la Asamblea Nacional, revelando que en los próximos días remitirá al Ministerio Público más de 300 cheques y transferencias ACH retenidos, correspondientes a funcionarios que deberán explicar en detalle dónde trabajan, qué funciones ejercen y por qué no están marcando asistencia.
“Hay descarados que van a buscar su cheque sin trabajar. Los hemos visto, y causa sorpresa, pero de caraduras está lleno el mundo”, dijo tajantemente el contralor, asegurando que muchos de los señalados ni siquiera han retirado su salario en dos quincenas, mientras que otros ya han presentado renuncia al verse descubiertos.
El funcionario también denunció la existencia de clanes familiares enteros dentro de la Asamblea, con estructuras compuestas por 12, 13 y hasta 14 miembros de una misma familia, todos nombrados y cobrando bajo la sombrilla del Legislativo. “Parece que la Asamblea es la empresa privada de estas familias”, expresó.
El contralor adelantó que, una vez entregadas las pruebas al Ministerio Público, espera que esta instancia actúe con rigurosidad. De comprobarse un daño económico al Estado, solicitará el secuestro de bienes de los responsables para recuperar fondos públicos: “El que no trabaja, no debe cobrar. Y si hubo lesión patrimonial, se debe devolver el dinero, porque es del pueblo panameño”.
Además, reveló que se está auditando una cuenta de movilización en la Asamblea, donde encontró pagos que se asemejan a dobles salarios bajo concepto de viáticos y estadías, una práctica que también será fiscalizada.
Otra de las críticas más duras apuntó a las “oficinas de participación ciudadana” que operan en distintas provincias, las cuales calificó como estructuras políticas de los diputados locales, financiadas con fondos estatales.
En oficinas como la de Herrera, dijo haber encontrado hasta 40 o 45 funcionarios, presuntamente nombrados como promotores sociales, culturales o deportivos. “Con tantos promotores deportivos, ya deberíamos haber ganado las últimas tres Olimpiadas”, ironizó.
El contralor reiteró que esta revisión no será exclusiva del órgano Legislativo, y que ya se están evaluando otras instituciones públicas con planillas abultadas. Puso como ejemplo al Congreso de Chile, que opera con 1,500 funcionarios, mientras que la Asamblea de Panamá mantiene cerca de 4,000, con una planilla mensual de B/. 7 millones. “Eso no lo soporta ninguna economía, y mucho menos la nuestra”, advirtió.
De cara al cambio de autoridades previsto para después de julio, el contralor aseguró que exigirá una “discusión profunda” con las nuevas figuras de la Asamblea sobre el uso correcto de los recursos públicos. “Queremos relojes, queremos que todos marquen donde estén”, sentenció.
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