Mulino responde con firmeza a la minera: ‘Panamá no negociará bajo amenazas legales’

La República de Panamá se encuentra en una situación económica y legal delicada, marcada por la reciente declaración del presidente José Raúl Mulino sobre la “crítica” situación económica del país. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se encuentra revisando las finanzas nacionales, mientras el país enfrenta demandas de arbitraje internacional que podrían tener consecuencias significativas para su economía.

En el centro de esta tormenta económica y legal se encuentra el proyecto minero Cobre Panamá, operado por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum. El proyecto, que representaba una inversión multimillonaria y un importante porcentaje del PIB panameño, ha sido objeto de controversias y demandas desde que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato firmado con First Quantum en noviembre de 2023. Este fallo ha desencadenado una serie de reacciones y acciones legales que podrían definir el futuro económico del país.

CORPRENSAVista aérea del proyecto minero Cobre Panamá, cuyo cierre ha generado demandas de arbitraje internacional.

El 12 de julio, la Corporación Franco-Nevada de Canadá formalizó una demanda de arbitraje contra el Estado panameño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. La demanda surge tras el cese de actividades mineras en Panamá, lo que Franco-Nevada argumenta como un incumplimiento de los términos acordados en el Tratado de Libre Comercio firmado entre Canadá y Panamá. Franco-Nevada estima preliminarmente sus daños en al menos 5 mil millones de dólares, una cifra que podría aumentar con análisis adicionales.

La demanda de Franco-Nevada no es la única preocupación para Panamá. First Quantum también ha señalado que presentará dos demandas de arbitraje adicionales, solicitando más de 20 mil millones de dólares en compensación. Estas demandas, sumadas a otras acciones legales relacionadas con la Ley 407 que establece una moratoria a la minería metálica en Panamá, presentan un panorama sombrío para la estabilidad económica del país.

El presidente Mulino ha reiterado que para que el gobierno pueda negociar con First Quantum y otros actores involucrados, es necesario suspender todos los procesos de demanda y arbitrajes internacionales.

Mulino ha dejado claro que Panamá no negociará bajo la presión de estas demandas, aunque reconoce que el cierre de la mina ha tenido un impacto significativo en la economía nacional y ha dejado a muchas empresas y bancos nacionales en una situación financiera precaria.