Los casos de alto perfil, la justicia selectiva y la violación a los derechos humanos en los procesos judiciales, repercuten con la imagen de la justicia en nuestro país, la cual se ha visto altamente cuestionada en los últimos tiempos. Estos acontecimientos no favorecen la labor de las instituciones encargadas de garantizar el Estado de derecho para todas las personas, panameños o extranjeros por igual, según la Constitución Política de Panamá.
Sin desacreditar la labor de gente buena que trata de hacer las cosas bien y honrando el poder que les confiere la ley a los que tienen la potestad de dar una orden y hacerla cumplir, vemos cómo la justicia entra en un juego de poderes en la que hay un fenómeno que viene a corromper la ética y las buenas intensiones de nuestros funcionarios (as), quienes al fin de cuentas representan a las instancias judiciales.
La corrupción, es un mal que enferma al Estado y a la verdadera justicia, ya que se manifiesta a través de aprehensiones ilegales de bienes, fallos amañados que laceran y afectan la dignidad de gente honesta, de personas que cumplen con la ley fuera y dentro del país.
Esto es deprimente y alarmante, pues no puede afirmarse que Panamá esté en desarrollo de ningún tipo, si su Estado de derecho se ve rebasado por la peste de la ilegalidad y la carencia de garantías legales mínimas.
Un caso muy evidente son las acciones contrarias a derecho de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que sin importar las afectaciones que ocasiona a las personas investigadas, las cuales gozan de la presunción de inocencia conforme a la Constitución de Panamá y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras disposiciones internacionales, son tratadas como sentenciadas, sin que exista indicio alguno de la comisión de un delito.
Ha sido muy cuestionable la ética de algunos de los fiscales dentro de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que a pesar de atravesar por una pandemia como la covid-19 no paran de afinar sus estrategias para perseguir a gente inocente y llevarlas a un abismo de preocupaciones y generarles un perjuicio irreparable, al amparo de su investidura ministerial, la cual debiese ser honorablemente ejercida.
Eduardo Ulloa, procurador general de la Nación.ArchivoVEA ADEMÁS: Nito Cortizo asegura que no están maquillando las cifras de la covid-19
Creo que el actual procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, tiene la misión de sanear la institución y pedir cuenta de las actuaciones de sus funcionarios, bajo la lógica del deber que encabeza en beneficio, de la justicia, una justicia que debe aplicarse de forma pareja a todas las personas, pues ha quedado muy atrás la época de los nacionalismos recalcitrantes.
Estamos en tiempos que el mundo ya no cree en esa justicia autoritaria, porque quienes debieran guiarla y aplicarla, son los primeros responsables de cometer arbitrariedades, llevando a cabo procedimientos poco serios, al tratar muchas veces a personas inocentes como si fueran delincuentes, acusándolos de presuntos delitos que no han cometido o que violando su debido proceso, les impiden tener un derecho a una defensa justa.
Panamá no necesita un Ministerio Público gris, que antepone la forma al fondo y a la justicia, donde impera el desorden, la impunidad y un sistema viciado, diseñado para la selectividad y los privilegios, ganando tiempo para que los casos prescriban, favoreciendo a sus protegidos y destruyendo a sus enemigos.
Es momento de que Panamá, se equipare a los países de Latinoamérica que realmente buscan una mejoría en sus sistemas de impartición de justicia y garantía de los Derechos Humanos, pues de no hacerlo, además de las consecuencias internacionales que ello implicará a ese bello país, se seguirá sumando peso al barco panameño que, hoy está a la deriva, pero que podría hundirse.
Colaboración: Salvador Padilla / opinión independiente.
El autor es especialista en temas de Derechos Humanos y Derecho Internacional
