Panamá es “una persona” que gana bien pero que adolece de educación financiera y cada vez debe más plata. La reciente emisión de bonos de deuda externa por un total de $3,100 millones el pasado 22 de febrero ha elevado la deuda pública del país por encima de los 50 mil millones de dólares. Esto sería casi 12 mil dólares que cada panameño debería aportar para acabar con los préstamos y compromisos ya adquiridos.
En un lapso de quince años, hemos sido testigos de un vertiginoso aumento en la deuda pública panameña. Al inicio de la administración de Ricardo Martinelli en junio de 2009, la deuda ascendía a $10,802.1 millones; cinco años después, en junio de 2014, alcanzó los $17,639.5 millones. Para la salida de Juan Carlos Varela en 2019, ya había superado los $27,190.8 millones. Ahora, con la última emisión de bonos, hemos rebasado la marca de los $50 mil millones, lo que representa un incremento considerable y preocupante en un período relativamente corto de tiempo.
La situación financiera del país se ve aún más desafiante al considerar que en los próximos meses será necesario realizar otra emisión de bonos para cumplir con las obligaciones presupuestarias y amortizar la deuda que vence en el primer semestre del año. Este ciclo de endeudamiento continuo es insostenible y exige medidas urgentes y decisivas.
GANAMOS BIEN POR GUSTO
Es crucial recordar que el Canal de Panamá ha generado ingresos significativos para el Estado, con una suma considerable de $25,400 millones entregados desde el año 2000. Sin embargo, estos fondos no han sido suficientemente aprovechados para abordar los desafíos fundamentales que enfrenta el país, desde la infraestructura hasta la educación y la salud.
Es evidente que Panamá necesita un enfoque integral y responsable para manejar su situación financiera. Reducir el gasto público y realizar una reforma tributaria equitativa son medidas indispensables en esta coyuntura.
Al día de hoy hay más de 275 mil empleados públicos y la administración de Cortizo ha sido criticada por las botellas y los aumentos excesivos de salario, incluso en medio de la pandemia. En temas de subsidio, el Gobierno Nacional destinó $2300 millones de dólares para 2023.
El desafío de reestructurar nuestras finanzas públicas, promover la equidad fiscal y reducir las disparidades sociales no puede ser subestimado. Es la responsabilidad de quienes liderarán nuestro país a partir del 1 de julio de 2024 enfrentar estos desafíos con determinación y visión de futuro. Panamá merece un gobierno comprometido con la responsabilidad financiera y la justicia social.
