La provincia de Bocas del Toro vive uno de sus peores momentos. Más de un mes de protestas, cierres de calles y huelgas han dejado a miles de personas sin trabajo, el turismo paralizado y las pérdidas económicas se cuentan por millones. Todo esto por el rechazo de sindicatos y grupos sociales a la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones y la Caja de Seguro Social.
La situación se agravó cuando la empresa Chiquita Panamá, principal fuente de empleo en la región, anunció el despido de más de 4,000 trabajadores y la suspensión de sus operaciones. Esto dejó a miles de familias sin ingresos y a la economía local al borde del colapso.
El comercio, la producción de plátano y banano, el transporte y hasta el turismo están completamente detenidos. Productores aseguran que han perdido millones porque no pueden sacar ni vender sus cosechas. “No dejan pasar ni ambulancias ni comida, ni siquiera un cadáver”, denunció uno de los afectados. En Bocas del Toro, la mayoría de los agricultores son pequeños y medianos, y ya no pueden pagar salarios ni mantener sus negocios abiertos.
La pobreza, que ya era alta en la provincia, se ha disparado. En algunos corregimientos, más del 90% de la población vive en condiciones precarias. La incertidumbre crece porque la salida de Chiquita podría alejar a otros inversionistas y dejar a la región sin oportunidades de desarrollo.
El gobierno ha intentado negociar, pero hasta ahora no hay acuerdo. Mientras tanto, los bloqueos siguen y la población pide un diálogo urgente para evitar que la crisis empeore. El presidente Mulino ha dicho que no usará la fuerza para reabrir las vías, pero la desesperación crece entre comerciantes, productores y familias que dependen del trabajo diario para sobrevivir.