Una nueva ola de “migración inversa” está sacudiendo Centroamérica. Tras cruzar México y otros países de la región en busca de llegar a Estados Unidos, decenas de migrantes venezolanos se han visto obligados a dar marcha atrás después de que la frontera norte se volviera más difícil.
En la localidad costera de Miramar, en la provincia de Colón, varios grupos de viajeros esperan poder comprar un boleto de lancha para seguir su ruta hacia Colombia y, en muchos casos, retomar el camino a Venezuela. Entre ellos está Luis Montilla, de 28 años, quien relata haber dormido sobre cartones y comido gracias a la caridad.
“Preferimos estar al aire libre que encerrados en albergues, nos tratan como si fuéramos delincuentes”, comparte Víctor Díaz, de 19 años, uno de los tantos que no quiere someterse a los programas de traslado que ofrecen Costa Rica y Panamá. Estos planes exigen que los viajeros permanezcan en centros bajo vigilancia policial, donde deben esperar un eventual vuelo de repatriación que hasta el momento no se ha concretado.
Mientras algunos migrantes buscan ayuda de sus familiares para financiar la siguiente etapa de su viaje, otros denuncian condiciones que consideran “de detención” en los refugios oficiales. Para el analista Diego Chaves, del Instituto de Política Migratoria, esta situación demuestra que se trata de un “retorno forzado” y no de una decisión voluntaria.
Con la frontera cada vez más restrictiva al norte, y con la falta de recursos al sur, estos viajeros afrontan un futuro incierto. A pesar del cansancio, el dinero escaso y los obstáculos legales, muchos insisten en seguir avanzando, aunque sea en sentido contrario.
